Miguel “Piki” Orellana estaba cumpliendo su condena a prisión perpetua en el penal de Villa Urquiza cuando en Río Colorado asesinaron a dos policías que eran considerados como los guardianes del pueblo. En el juicio, uno de los imputados, después de tres años rompió el silencio. Acusó al hijo y al ex yerno del condenado del crimen de Adrián Mansilla como los autores del hecho. En esta oportunidad, el tráfico y comercialización de drogas sí podría ser el móvil del doble homicidio.
1- El caso
El 30 de marzo de 2015, los sargentos Alberto Antonio Valdez y Ángel Ernesto Véliz, pese a no estar prestando servicios, recibieron un llamado de un vecino porque algo raro estaba ocurriendo en la entrada del pueblo. Se subieron a una moto y fueron hasta el lugar. Llegaron hasta un refugio ubicado en el acceso de la ruta 157 y se toparon con un auto negro. No tuvieron tiempo de nada. Los acribillaron con pistolas nueve milímetros. Los dos uniformados murieron en el acto.
“En Río Colorado, una comunidad de unos 2.000 habitantes y ubicada a unos 12 kilómetros de Famaillá, los vecinos creen saber lo que hay detrás de los crímenes de los uniformados. Aunque ninguno se atrevió a identificarse -argumentaron razones de seguridad-, deslizaron que los vendedores de drogas eran los principales interesados en ponerles fin a las vidas de los policías. Según dijeron, la tarea que desplegaban voluntariamente ambos sargentos representaba un serio obstáculo para los delincuentes”, publicó LA GACETA al día siguiente del doble crimen.
La fiscala Adriana Reynoso Cuello estuvo al frente de la investigación. A las pocas horas se realizaron varios allanamientos y se detuvo a varias personas. Terminó imputando por los homicidios a Sebastián Exequiel Jaime, José Carlos Acosta y Juan Carlos Tártalo.
“Entre la hora 0 y las 0.30 del 30 de marzo de 2015, Tártalo se encontraba con Jaime, Acosta y un tal ‘Retutu’ (que nunca pudo ser identificado y mucho menos detenido) en un auto de color oscuro que se encontraba estacionado en la banquina de la ruta 157. Al notar que se aproximaban los sargentos Valdez y Vélez, quienes se conducían una Honda Twister blanca, roja y azul, Tártalo, Acosta, Jaime y ‘Retutu’ efectuaron más de 10 disparos hacia los efectivos”, señala la acusación de Reynoso Cuello en el pedido de elevación a juicio de la causa.
2- Un juicio revelador
En octubre de 2017 se inició el juicio. El debate estuvo cargado de sorpresas y de polémicas. “Le voy a decir la verdad: esas personas no tienen nada que ver”, dijo el acusado Jaime mientras apuntaba con una mano a los también imputados Tártalo y Acosta. Sus palabras generaron todo tipo de reacciones. El enojo de los parientes de las víctimas y el alivio en las familias de los sospechosos.
“No dije la verdad porque fui amenazado por Nicolás Orellana y Samuel Morales (hijo y ex yerno de “Piki”, respectivamente)”, advirtió generando más asombro en la sala de audiencias. Su relato continuó: “Morales y Orellana me citaron. Fui a comprarles marihuana y ‘merca’. En un momento, recibieron un llamado. Alguno dijo ‘ahí vienen’. Nicolás me dijo que me fuera, pero Samuel me dijo que me quede, y que viera lo que viera, no dijera nada porque se iban a desquitar con mi familia”, les dijo el imputado a los jueces Fabián Fradejas, Juana Juárez y María Alejandra Balcázar.
Juan Hermosa, defensor de Acosta, no se quedó callado sobre lo que ocurrió en esa jornada del debate. “En el juicio se involucró a gente con mucho poder, que al final nunca fueron citados a declarar. Los Orellana son supremos. Los testigos que los conocen fueron presionados por ellos para que no declaren en su contra o mientan, especialmente por Nicolás Orellana, que es el verdadero autor del hecho. Todos saben que él anda en la venta de droga y que él con Morales fueron los que mataron a los policías Veliz y Valdez”, señaló esos días.
Acosta, antes de que Jaime hiciera estallar una bomba con sus palabras, algo había contado sobre esa teoría. “Hasta el ‘Loco Amín’ (Pablo Amín, condenado por haber asesinado a su pareja) y un tal ‘Betiana’ (vinculado al crimen de Mansilla) me dijeron ‘el autor es el hijo del Piki’, pero mi mamá me decía que no dijera nada porque tienen plata. Estoy de garrón. Ese día me fui a comprar sánguches con mi mujer y a dormir”, dijo sin que muchos le creyeran. Pero con la confesión del otro acusado, su versión cobró fuerza.
3- Testigos cambiados
Entre lágrimas y con el miedo tallado en su rostro, Jaime confirmó que venía sufriendo amenazas dentro del penal, ya que compartía encierro con “Piki” y su gente. “Nicolás Orellana llamó por teléfono a su padre y dijo que me mataría”, aseguró el imputado. La fiscala Estela Gifoniello pidió que se citaran a declarar a todos los mencionados por los sospechosos del crimen. Allí comenzó el show de las confusiones y de los problemas.
La Policía dijo que nunca pudo ubicar a Nicolás Orellana para que se presentara en el juicio, por lo que se terminó desistiendo de su presencia. Lo mismo sucedió con su padre, pero en este caso, porque los hombres de Institutos Penales, por distintos problemas, no pudieron llevarlo a Tribunales.
Sí fue presentado ante el tribunal el testigo que supuestamente le había avisado a Acosta quiénes eran los verdaderos autores del crimen. “A mí me dicen ‘El Cordobés’, no soy ‘Betiana”, reconoció Tomás Ceballos, uno de los condenados por el crimen de Mansilla que fue “llevado erróneamente”, según la versión dada por las autoridades del penal. Fuentes judiciales confirmaron que el hombre que debería haberse presentado era Ángel “Beto” Ibarra, otro de los miembros del grupo de “Piki” que estaba cumpliendo la pena de prisión perpetua.
“Pareciera ser que Orellana es el verdadero director del Penal. Calculo que él fue quien ordenó que enviaran otro testigo”, ironizó en diálogo con LA GACETA el abogado Hermosa al salir de la audiencia en la que se decidió que, por todos los problemas suscitados, suspender las declaraciones.
De ese grupo, el único que se sentó a declarar fue Morales, el ex yerno de “Piki” Orellana, con el que había perdido todo tipo de contacto luego de que decidiera separarse. No habló mucho, casi nada. Dijo que no conocía a los acusados ni a los policías asesinados, a pesar de que Hermosa mostró foto de reuniones en la que aparecían juntos. También desmintió categóricamente varias veces que estuviera vinculado al tráfico o comercialización de drogas en esa zona de la provincia. Lo hizo sin saber que las fuerzas federales ya lo tenían en la mira.
El tribunal, después del polémico juicio, dictó un polémico fallo. Condenó a 18 de prisión a Jaime, el que reconoció haber estado en el lugar de los hechos, pero dijo que no disparó, y absolvió a los otros dos imputados Acosta y Tártalo que, después de haber permanecido casi tres años presos, recuperaron la libertad horas después de haber escuchado la sentencia.
Pero los jueces también decidieron remitir el caso a la fiscala Reynoso Cuello para que reabriera la investigación para determinar quiénes habían sido los autores del hecho.
4- Vinculación
Cinco meses después, en abril de 2018, la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, realizó el operativo conocido como “Bagayo blanco”, donde desarticularon a “La Banda de Mario”, que habría sido liderada por Mario Pasarín -padre de Sabrina, la joven detenida por haber protagonizado un accidente fatal- y que según se cree, distribuía al menos 100 kilos de cocaína por mes en estas y otras provincias.
Morales estaba sospechado de formar parte de esa estructura delictiva. En un allanamiento que realizaron en su casa de Famaillá encontraron medio kilo de “blanca” y armas, entre ellas dos pistolas nueve milímetros, el mismo calibre utilizado para asesinar a los dos policías en Río Colorado. Quedó detenido y espera ser enjuiciado por esta causa.
Esa nueva revelación generó un escándalo. “Vuela una mosca en Famaillá y los culpables son los Orellana”, expresó indignado José Orellana, el actual intendente de esa ciudad al negar, como Judas, conocer a Morales. Al hablar sobre el resultado del juicio por el doble homicidio agregó: “el proceso oral se desarrolló normalmente. Sí supe que lo habían mencionado en el debate, pero salieron limpitos, no hubo ningún tipo de medidas en contra de ellos. Ese fue otro tema con el que nos quisieron involucrar sin tener absolutamente nada que ver”. ¿Sabe que se les inició una investigación en su contra?, se le preguntó esos días. “Me parece perfecto que se investigue. Somos una familia de trabajo. No tenemos ningún problema con la Ley y si lo tuviéramos, nos haríamos cargo como cualquier persona”, respondió.
Marcial Escobar, el comisario que investigó el caso, reconoció que el crimen de Mansilla pudo haber estado involucrado al tráfico de drogas. “En esos tiempos sólo habíamos conseguido versiones, pero nada concreto. Con los hechos que se produjeron después, nuestro nivel de sospecha creció muchísimo”, explicó.
Hermosa, por su parte, señaló: “a pesar de la satisfacción personal de haber conseguido la absolución de un inocente, quedó el trago amargo de que no se conociera la verdad sobre lo que sucedió con esos policías”. ¿Recibió algún tipo de presión extra antes y durante el juicio”, se le consultó. “Me escudo en el secreto profesional, pero sí, pasaron cosas extrañas como el tema de los testigos”, respondió.
Pasaron más dos años de ese polémico fallo. El expediente volvió a manos de la fiscala de Reynoso Cuello que reabrió la investigación. Pero la causa quedó prácticamente paralizada porque otra vez los pesquisas se encontraron con un muro de silencio que les impidió avanzar para dar con nuevas pistas que les permitiera identificar a los responsables del doble crimen. El caso, como sucedió con otros, va camino a convertirse en otro caso impune en la provincia.